A finales de 2024, el Consorcio Conviaz presentó una demanda en contra del Municipio de Azogues, por la falta de operación de los fotorradares, colocados en la autopista Azogues-Cuenca, Avenida 16 de Abril y en la Panamericana.

La demanda fue presentada por el representante legal del consorcio, Juan Carlos Gómez, en contra del administrador del contrato del GAD Municipal, Paulo Sacoto García. La cuantía que consta en el proceso es por 43´744.977,88 dólares.

Acción contenciosa administrativa

Respecto a este tema, el alcalde Javier Serrano manifestó que de acuerdo a lo establecido en el convenio y los instrumentos legales, el caso fue a una primera fase de mediación, pero en la misma no se lograron acuerdos entre las partes, ya que los intereses de la empresa eran cuantiosos, es decir, la recuperación económica no solo era de la inversión sino de las ganancias. Dicha situación, a decir del alcalde, no estaba de acuerdo a la realidad, por ello, se pasó a la siguiente fase que es una acción contenciosa administrativa que fue presentada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Azuay, pero por razones de orden legal se ha considerado no competente, por cuanto el domicilio central de dicha empresa está en Quito. Por tal razón, fue enviada el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, donde se ventila el caso y está en la fase de calificación y citación.

Competencia

El GAD Municipal tiene un tiempo para dar contestación, y en la misma se incluirá una contrademanda (reconvención) a favor de los intereses de la ciudad. “Este es un tema legal que tendrá que seguir todos los procesos, por razones de orden jurídico no se puede dar más detalles hasta cuando Azogues haya establecido el tema de la competencia”, enfatizó el alcalde.

Acotó que se está actuando con diligencia en la defensa, con reconocidos profesionales para la defensa; “tenemos la certeza que el juez mínimamente imparcial resolverá dentro de los términos, plazos y procedimientos establecidos en la normativa, a favor de Azogues”.

Antecedente

Serrano recordó que dicho contrato que fue firmado en la administración anterior, adolece de nulidad grave, por cuanto, no fue aprobado por el Concejo Municipal de ese entonces, y otros elementos técnicos. Un trámite contencioso administrativo como mínimo dura un año. (I)