La Dirección Provincial de la Judicatura realiza gestiones con autoridades de la Subzona de Policía Cañar Nº 3, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y resguardo policial en las dependencias judiciales de la provincia. Esto, en respuesta a amenazas que han recibido jueces y fiscales, por investigaciones o sentencias que han ejecutado o llevan adelante.
El propósito de esta medida es garantizar la seguridad y protección de funcionarios públicos de las diferentes unidades judiciales y de los usuarios.
Presuntas amenazas
En días anteriores, tras emitir una sentencia, los integrantes de un Tribunal de Garantías Penales del Cañar y un fiscal, habrían recibido amenazas de personas desconocidas, por ello, debieron laborar mediante la modalidad de teletrabajo.
Medidas en marcha
Milton Castillo, director provincial de la Judicatura del Cañar, manifiesta que luego de las gestiones realizadas, la Policía ya ha destinado efectivos para que resguarden los edificios judiciales en horarios de oficina, sin embargo, el pedido al Gobierno es que esta labor sea permanente, ya que los jueces y fiscales necesitan protección todo el tiempo.
Otra propuesta es que el resguardo se incremente en los ascensores y que en las puertas de las dependencias judiciales haya más seguridades.
Castillo manifiesta que en días anteriores fue aceptada una medida cautelar que exige al Ministerio del Interior y la Policía, proporcionar a cada una de las unidades judiciales del país, seguridad reforzada, es decir, presencia permanente de policías dentro y fuera de cada área. “Por el momento el resguardo policial a las unidades judiciales es en horario laborable, vamos a continuar gestionando para que el resguardo sea permanente, para la seguridad de los funcionarios y los usuarios”, enfatizó.
¿Bromas de mal gusto?
Agregó que las amenazas a los jueces son mediante llamadas telefónicas, por lo que los mismos han dejado de contestar números desconocidos.
Respecto a un afiche de una presunta organización delictiva, que en días anteriores fue colocado en un ascensor de un edificio judicial, sostuvo que Fiscalía realiza las investigaciones pertinentes para dar con el responsable. Acotó que el afiche no tenía ninguna amenaza dirigida a algún funcionario judicial, por lo que no se descarta que se trate de “una broma de mal gusto”. (I)